DECRETO NUMERO 7-2017 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

By swadmin | 05 Julio 2017 | 0 Comments

 

DECRETO NUMERO 7-2017

DEL  CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

 

Tomando en consideración que Guatemala tiene la necesidad de establecer un sistema de aplicación de sanciones que estén a cargo de la Inspección General de Trabajo. Que esta tiene la función de velar por que tanto los patronos como los trabajadores y organizaciones sindicales cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos, y reglamentos que normen las condiciones de trabajo y previsión social en vigor o que se emitan en el futuro.

Que en virtud de lo mencionado anteriormente se puede establecer que con la entrada en vigor del decreto 7-2017, la Inspección General de trabajo es ahora la encargada de sancionar las faltas de trabajo y previsión social en las que puedan incurrir tanto patronos como trabajadores, siendo ahora un proceso eminentemente administrativo.

Se modificó el Código de Trabajo para que a partir de la entrada en vigencia de dicho decreto mediante el proceso en él establecido, se impongan sanciones de hasta 18 salarios mínimos. Esto  derivado de la necesidad de establecer un sistema de aplicación de sanciones a cargo de la Inspección General de Trabajo, que contribuya a generar una cultura de cumplimiento de las normas nacionales e internacionales del trabajo en materia de relaciones y condiciones laborales y de empleo, así como de salud y seguridad ocupacional a nivel nacional.

Las nuevas reformas abarcan  las obligaciones para los empleadores, definen cuales son las faltas de trabajo y previsión social, instituye la figura del delegado departamental a la Inspección General de trabajo y cómo debe de actuar (el proceso interno), las sanciones y el procedimiento administrativo,  las facultades de los inspectores de trabajo, la competencia de los juzgados y tribunales de Trabajo y Previsión Social y lo más importante, es que incorpora un  Proceso Contencioso Administrativo de Trabajo y Previsión Social con la facultad de apelar las decisiones de dicho proceso.  

Este Decreto entró en vigencia el 6 de junio del año 2017.